Concebimos un patrón de desarrollo caracterizado por la inserción activa del país en la globalización, con base en el despliegue de las capacidades productivas internas, para abatir los desequilibrios sectoriales y regionales, así como las desigualdades sociales, alcanzando una globalización donde prevalezca el desarrollo con equidad y democracia.
Pensamos un Estado conductor de una economía de mercado con responsabilidad social, que asuma el resguardo de los sectores estratégicos de la economía; el desarrollo de los sectores publico, privado y social y subsane las fallas y los desequilibrios estructurales del mercado. En este sentido, el estado es conductor, regulador y promotor de la economía hacia los objetivos fundamentales del país: el pleno empleo, el crecimiento sostenido y sustentable, la distribución equitativa de la riqueza, la vida buena y la defensa de la soberanía.
El Estado deberá superar las desigualdades y las insuficiencias de los factores estructurales del desarrollo como son: la infraestructura y la tecnología; la educación productiva y la organización del trabajo; el financiamiento y vinculación de los mercados, que constituyen áreas estratégicas de una política de estado con una amplia participación de los diversos agentes económicos.
Entendemos la política económica como un instrumento fundamental para colocar en un lugar preeminente el financiamiento para el desarrollo equilibrado de las regiones y sectores productivos. La reducción del déficit público, de la inflación y los compromisos del endeudamiento no deben comprometer el desarrollo.
Concebimos que la distribución equitativa de la riqueza se sustenta en el crecimiento con empleo; en un sistema financiero que promueva el ahorro interno e incremente la capacidad de autofinanciamiento comprometido con el desarrollo de la nación y asimismo, garantice la inversión en la educación y capacitación para asegurar el acceso a empleos debidamente remunerados.
Considero que es obligación del Estado garantizar la seguridad alimentaria de la población como un derecho humano fundamental. Para el gobierno promover el derecho a la alimentación debe inscribirse como una prioridad de los ejes políticos, económicos y sociales de la nación. La seguridad alimentaria implica asegurar a toda la población una nutrición de calidad basada en el patrimonio cultural alimentario del país.
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